Señores Gobernadores de las Entidades Federativas,

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Secretario de Educación Pública Federal

El artículo 6º, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala como atribución de este Organismo Nacional proponer a las autoridades del país que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones tanto de disposiciones legislativas y reglamentarias, como de prácticas administrativas que, a juicio de la propia Comisión, redunden en una mejor protección de los derechos humanos y se evite su violación; en tal virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento Interno de este Organismo Nacional, se expide la presente recomendación general.

I. ANTECEDENTES

El 10 de marzo del 2004 se recibió en esta Comisión Nacional el escrito de la organización no gubernamental MEXSIDA, en el cual se señalaron casos de discriminación de los menores que padecen VIH/SIDA por parte de autoridades educativas, tanto en el ámbito local como en el federal, lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos.

Con motivo de los señalamientos expresados en el escrito presentado por MEXSIDA y la información aparecida en los medios de comunicación, respecto de expulsiones de menores que padecen VIH/SIDA, en escuelas tanto del sector público como privado, este Organismo Nacional inició una investigación con el objeto de obtener la información necesaria para formular las propuestas de acciones y medidas para combatir los actos de discriminación y las violaciones a derechos humanos de los menores que padecen VIH/SIDA en el ámbito escolar.

Para recabar información se solicitó a las comisiones locales defensoras de derechos humanos en la República Mexicana, a los programas de SIDA de las secretarías estatales de salud, a CENSIDA, a las oficinas federal y locales del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y a las organizaciones no gubernamentales con trabajo en VIH/SIDA, que reportaran los casos que tuvieran registrados de violaciones a los derechos humanos de los menores que padecen VIH/SIDA por parte de las autoridades educativas, ya sea que los hubiesen recibido en quejas o de los cuales hubiesen tenido conocimiento por cualquier medio.

Como resultado de la investigación realizada por esta Comisión Nacional, se constató la existencia de un número importante de reportes en toda la República Mexicana, en los que las autoridades educativas han discriminado a menores que son portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). En los casos de los que tuvo conocimiento este Organismo Nacional, las autoridades educativas han realizado acciones violatorias de los derechos humanos de los menores, al expulsarlos de las escuelas por su condición de salud o al negarles el servicio educativo por la misma razón. Incluso, han dado a conocer entre la comunidad escolar el estado de salud de los menores, lo que ha generado que éstos y sus padres sean discriminados y estigmatizados en el ámbito escolar y por la sociedad.

Las autoridades educativas también han violentado por omisión los derechos humanos de los menores que padecen VIH/SIDA, al permitir y tolerar la discriminación, estigmatización y los prejuicios en el ámbito escolar, tanto en instituciones públicas como privadas, por parte de alumnos y padres de familia. Esto impacta a los menores en la manera en que se perciben a sí mismos, y provoca en algunos casos depresión, falta de autoestima y desesperación. Esta omisión de las autoridades permite que se arraiguen en la sociedad mitos en torno a la enfermedad y a las personas que la padecen.

Es importante señalar que ante la Comisión Nacional y las comisiones locales se han presentado pocas quejas sobre casos de discriminación a menores en las escuelas por padecer VIH/SIDA; sin embargo, este dato, de acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas, únicamente parece indicar que la denuncia de esta grave violación a los derechos humanos se ve obstaculizada por el miedo a la estigmatización y discriminación que sufren las víctimas.

Las violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA ha sido una preocupación de la Comisión Nacional desde su origen, y por ello ha participado activamente en la publicación de cartillas de derechos y la realización de estudios en torno al tema, en los que se ha consignado reiteradamente la gravedad de la discriminación como una violación a los derechos humanos, en especial en el campo de la educación. Este Organismo Nacional ha dirigido su actuación en la materia, además de la atención de las quejas que se han presentado, a la capacitación de autoridades y particulares en torno al respeto a los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA, con la finalidad de luchar contra la discriminación y estigmatización que se han generado en torno a esta enfermedad por la falta de información y los prejuicios sociales.

II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Esta Comisión Nacional, una vez realizado el estudio de los casos de discriminación a que se refiere esta recomendación general, encontró que la actitud de las autoridades atenta contra un importante conjunto de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, protegidos en el sistema jurídico nacional y en los tratados internacionales que se señalan a continuación:

A. El derecho a la igualdad, que tiene como consecuencia inmediata la prohibición de toda conducta discriminatoria que resulte en una privación, afectación o menoscabo de un derecho o libertad de las personas, como lo establece el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4º y 9º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 3º y 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 1º y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 3º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

B. El derecho a la educación, que establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, siendo que en nuestro país, por mandato constitucional, el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Es obligación del Estado impartir la educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, además de reconocer el derecho de los particulares a impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Este derecho está consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 2º, 3º y 7º de la Ley General de Educación; 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 9º, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 13 y 16 del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

C. Derecho a la legalidad, en tanto que la actuación de las autoridades escolares debe apegarse a lo establecido en la ley; en consecuencia, no pueden aplicarse medidas disciplinarias o negar la permanencia o el acceso a la educación por razones arbitrarias de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, inciso b, 16, 21, 32, inciso f, y 44 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 6.3.3 y 6.3.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana; 16, fracción I, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

D. Derecho al trato digno, que se refiere al trato que deben recibir los menores acorde con su dignidad humana y su condición de menores; que obliga al Estado a proveer lo necesario para propiciar la creación de circunstancias que les permitan progresar espiritual y materialmente para alcanzar la felicidad y el ejercicio pleno de sus derechos, incluyendo el otorgamiento de facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez; derecho que se encuentra desarrollado en los párrafos séptimo y octavo, del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, 4º, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 4º y 9º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2º y 3º Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

E. Derecho a la protección que la condición de menor requiere, según el cual se le debe garantizar a los niños y niñas la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Por ello, las normas que se les apliquen, así como la actitud de las autoridades, deben encaminarse a proteger el principio del interés superior de la infancia, para procurarles los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Derecho que se encuentra protegido por los artículos 4º, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, 4º, 19 y 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño.

F. Derecho a la confidencialidad y a la privacidad, que establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, y que las autoridades y los particulares no deben revelar ninguna información personal a la que hayan tenido acceso, en este caso la información sobre las condiciones de salud, sin una justificación estricta basada en la ley y en la ética profesional. Derechos que se encuentran consagrados en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bis 37, fracción X, de la Ley General de Salud; 6.3.3 y 6.8 de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana; 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 16, fracción I, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

III. OBSERVACIONES

Es prioridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos velar por la garantía y el respeto de los derechos de las personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente en el caso de menores de edad; ya que éstos, por su falta de madurez física y psicológica, difícilmente pueden protegerse y cuidarse por sí mismos de actos o ataques que atenten contra su desarrollo integral, su dignidad personal y su integridad física, psíquica y social. Igualmente, las personas que viven con VIH/SIDA constituyen también un grupo vulnerable por sus condiciones de salud, que requieren una atención especial por parte de la autoridad para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ello este Organismo Nacional considera de suma gravedad el hecho de que puedan ser las autoridades educativas, quienes precisamente tienen la responsabilidad de proteger a los menores y brindarles educación, las que incurran en acciones que causen o propicien discriminación y estigmatización en las escuelas de los niños, niñas y adolescentes que padecen VIH/SIDA.

El derecho mexicano protege a los individuos en contra de la discriminación por su condición de salud, y con mayor fuerza protege a estos individuos cuando se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad como es el caso de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH o que padecen SIDA, por lo que cualquier acción que implique privarlos del goce de sus derechos y del ejercicio de sus libertades es una grave violación a los derechos humanos que no debe tolerarse en nuestro país. En estos casos, el proceder de las autoridades educativas ha generado que los menores y sus familiares sean estigmatizados y discriminados por los miembros de la comunidad escolar y de la sociedad en general; además, con estas actitudes la autoridad ha fomentado la desinformación que lamentablemente existe en nuestra sociedad en torno a la enfermedad; especialmente respecto a la equivocada percepción social de la posibilidad o riesgo de contagio de VIH/SIDA en el contacto casual, cuando está médicamente acreditado que las únicas formas de contagio de VIH son la perinatal, el contacto sexual, la transfusión de sangre contaminada o sus derivados y el uso de agujas y otros instrumentos punzocortantes contaminados o por transplante de órganos y tejidos contaminados.

A. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el proceder de las autoridades educativas en los casos de discriminación a los menores que son portadores de VIH o que padecen SIDA es violatorio de sus derechos a la igualdad, a la educación, a la legalidad, al trato digno, a la protección que la condición de menor requiere y a la confidencialidad y privacidad por las siguientes consideraciones:

1. Derecho a la igualdad. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la igualdad; en el tercer párrafo prohíbe la discriminación motivada, entre otras, por las condiciones de salud, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

La discriminación está definida por el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

El artículo 9º de la misma ley prohíbe las prácticas discriminatorias que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades; estableciendo, en las fracciones II, XIX y XXVII, que son conductas discriminatorias las que impiden el acceso a la educación pública o privada y obstaculizan las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable, de las niñas y los niños, así como las que incitan al odio, la violencia, el rechazo, la burla, la difamación, la injuria, la persecución o la exclusión.

Las prácticas discriminatorias contra los menores portadores de VIH o que padecen SIDA, resultan violatorias también de los artículos 3º y 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen que la protección de sus derechos tiene como objeto asegurarles un desarrollo pleno e integral, con la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, bajo el principio de no discriminación por ninguna razón o circunstancia, con una tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y garantías constitucionales.

Por lo anterior, al discriminar a las niñas, niños y adolescentes por ser portadores del VIH o por padecer SIDA, las autoridades educativas vulneran el derecho a la igualdad, ya que otorgan a los menores un trato diferenciado por su condición de salud sin fundamento alguno, pues, como ya se señaló, no existe ninguna posibilidad de riesgos de contagio para quienes conviven cotidianamente con ellos.

El hecho de que los menores sean discriminados por los servidores públicos que están encargados de protegerlos y brindarles educación, aunado al hecho de que son exhibidos ante la comunidad escolar por la enfermedad que padecen, tiene serias repercusiones en la forma en la que los menores se perciben a sí mismos, así como en su autoestima, y afecta de forma grave su desarrollo futuro; situación que hoy día cobra especial relevancia, pues gracias al desarrollo de la medicina las personas que viven con VIH, pueden realizar una vida totalmente normal, sin presentar durante años síntomas de enfermedad.

2. Derecho a la educación. La actitud asumida por las autoridades educativas, frente a los alumnos que padecen la enfermedad, ha sido la de expulsarlos de los planteles o negarles la inscripción, impidiéndoles con ello el ejercicio del derecho a la educación por razón de su condición de salud.

El actuar de las autoridades escolares es a todas luces discriminatorio y por ello violatorio del derecho a la educación, al que de acuerdo con el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene derecho todo individuo. La Ley General de Educación establece, en su artículo 2°, que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establecen las disposiciones legislativas aplicables.

Se transgreden también los artículos 9º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establecen que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad, y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. De acuerdo con este precepto, las leyes deben promover las medidas necesarias para que se evite la discriminación en materia de oportunidades educativas, y se establezcan mecanismos para contrarrestar las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole, que propicien dicha discriminación.

Preocupa a esta Comisión Nacional que la respuesta de algunas autoridades educativas frente a un grave problema de salud de sus alumnos sea expulsarlos o negarles la inscripción a los planteles educativos, ya que con este actuar atentan contra los criterios constitucionales que deben regir la educación en el país, la cual debe basarse en el progreso científico, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, inculcando los valores de la democracia, el nacionalismo y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

La discriminación en contra de los menores portadores del VIH o que padecen SIDA fomenta la desinformación respecto de los riesgos de contagio, por lo que genera en la comunidad escolar un clima de incertidumbre propicio para que se cultiven prejuicios y se estigmatice a las personas por su condición de salud. Esto permite que se extienda la desinformación y los prejuicios que rodean al VIH/SIDA, y da pie a que por ignorancia se presenten conductas que violentan los derechos humanos de los menores que viven con esta enfermedad.

La Ley General de Educación establece, en el artículo 2°, que la educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es un factor determinante para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa con preocupación que las autoridades educativas, al discriminar o permitir la discriminación en las escuelas contra los menores que padecen VIH/SIDA, están además obstaculizando y deformando el proceso educativo.

3. Derecho a la legalidad. Esta Comisión Nacional considera que el respeto a los derechos humanos se consigue cuando las autoridades actúan conforme al marco jurídico que regula su actuación; sin embargo, las autoridades educativas, al expulsar o negar la inscripción a los planteles a los menores portadores de VIH o que padecen SIDA, están actuando no sólo fuera de las competencias que legalmente tienen atribuidas, sino incluso en contra de disposiciones expresas constitucionales y legales, violentando con ello su derecho a la legalidad.

La legislación mexicana expresamente prohíbe que la detección del VIH/SIDA se considere como causal para la expulsión de una escuela o como requisito para formar parte de instituciones educativas, de acuerdo con los artículos 6.3.3 y 6.3.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Por ello, imponer medidas que representan discriminación y privación de derechos fundamentales, expulsar del plantel educativo o no permitir la inscripción a los alumnos es ilegal, además; ni esas medidas ni otras similares están previstas en la Ley General de Educación, ni en los acuerdos 96, 97 y 98 que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas, primarias, secundarias y secundarias técnicas, así como los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública Federal.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en el artículo 32, inciso f, que las leyes deben contener medidas necesarias para impedir que las instituciones educativas impongan medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental, por lo que los casos en que las autoridades educativas han expulsado o negado la inscripción a los menores en razón de su condición de salud, o incluso la actitud permisiva cuando esas conductas se presentan en instituciones educativas particulares, son claras violaciones al derecho a la legalidad.

4. Derecho al trato digno. El trato que las autoridades escolares han otorgado a los menores que padecen VIH/SIDA que han sido discriminados en el ámbito escolar, atenta contra su dignidad y violenta lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 4º constitucional, el cual señala que es obligación del Estado proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

En el mismo sentido, el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que es obligación de todas las personas que tengan a su cargo niñas, niños o adolescentes, el proporcionarles una vida digna y garantizarles el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones. Además, deberán protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación.

Las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas deben disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país las obligaciones de quienes tienen a su cargo el cuidado de menores, para tratarlos con respeto a su dignidad y a sus derechos, cuidarlos, atenderlos y orientarlos para que conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y respetar los de las otras personas, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El respeto a la dignidad de los menores implica que las autoridades educativas, por medio de la educación, promuevan la comprensión, el respeto, la tolerancia y la no discriminación de los menores con VIH/SIDA; sólo así podrán garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, y cualquier acción de la autoridad que discrimine a los menores por su condición de salud atenta contra su dignidad.

5. Derecho a la protección que la condición de menor requiere. De acuerdo con este derecho la actividad de las autoridades educativas debe encaminarse a proteger el principio del interés superior de la infancia con la finalidad de lograr su crecimiento y desarrollo plenos, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, de acuerdo con el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los casos de discriminación de menores portadores de VIH o que padecen SIDA, de los que ha tenido conocimiento este Organismo Nacional, la respuesta de las autoridades educativas al conocer su condición de salud ha ido en contra del principio del interés superior de la infancia, y en consecuencia no se les ha otorgado la protección que su condición de menores requiere.

El artículo 3º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece como principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes el interés superior de la infancia, el de no discriminación por ninguna razón ni circunstancia, el de igualdad, el de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, el de tener una vida libre de violencia, el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Preocupa a esta Comisión Nacional que las autoridades educativas actúen al margen de estos principios primordiales para la protección de los derechos de los menores portadores de VIH o que padecen SIDA. El artículo 4º de la misma ley establece que, de conformidad con el principio superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, por ello, las acciones de las autoridades educativas deben realizarse atendiendo a este principio.

De igual forma, al expulsar a los menores de la escuela y al negarles su inscripción al plantel educativo, las autoridades educativas vulneran los artículos 19 y 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se refieren a la protección que debe darse a los menores contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación.

6. Derecho a la confidencialidad y privacidad. Dada la discriminación y estigmatización que socialmente padecen las personas que viven con VIH/SIDA, es especialmente relevante el respeto a sus derechos a la confidencialidad y privacidad respecto al padecimiento que presentan, lo que implica la obligación de la autoridad de no revelar su condición de salud. En muchos de los casos de discriminación de los que ha tenido conocimiento esta Comisión Nacional, las autoridades educativas han revelado a la comunidad escolar y a la sociedad la condición de portadores de VIH o de enfermos de SIDA de sus alumnos. Con ello se ha vulnerado el derecho a la privacidad, ya que la información sobre el estado de salud de las personas corresponde al ámbito de la vida privada, por lo que respecto de él se debe guardar confidencialidad, y cualquier injerencia sobre él debe realizarse por autoridad competente de manera fundada y motivada, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el caso de las personas que padecen VIH/SIDA, el sistema jurídico mexicano protege el derecho a la confidencialidad y privacidad respecto de este padecimiento en los artículos 77 bis 37, fracción X, de la Ley General de Salud y 6.3.3 y 6.8 de la Norma Oficial Mexicana Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Si bien estos artículos, establecen la obligación de respetar y proteger la confidencialidad y privacidad de los pacientes para los servidores públicos que laboran en instituciones de salud, también lo es que la misma obligación tienen los demás servidores públicos, que con motivo de sus funciones lleguen a tener conocimiento sobre las condiciones de salud de las personas. Además, el artículo 6.3.3 de la Norma Oficial Mexicana Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana establece que la detección del VIH/SIDA no debe solicitarse como requisito para el acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas o para recibir atención médica. Con ello la norma protege la privacidad de las personas respecto de su condición de salud.

En el caso de las autoridades escolares, la obligación de respetar el derecho a la confidencialidad y privacidad de los menores que viven con VIH/SIDA es fundamental para prevenir que sean discriminados y estigmatizados, así como lograr el respeto a su dignidad y la protección que por su condición de menores requieren.

La Ley General de Salud establece en los artículos 135 y 136, último párrafo, la obligación de notificar a la Secretaría de Salud, o a la autoridad sanitaria más cercana, de los casos en que se detecte la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o de anticuerpos a dicho virus en alguna persona. El artículo 138 establece está obligación, entre otros, para los directores de las escuelas. La notificación que deben realizar las autoridades escolares a las autoridades sanitarias debe realizarse con respeto a la confidencialidad y privacidad de las personas, en atención al artículo 6.8 de la Norma Oficial Mexicana Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. De igual forma, debe protegerse la identidad de las personas en la comunicación y compilación de datos.

B. La protección jurídica de las personas portadoras de VIH o que padecen SIDA es fundamental para evitar la discriminación y estigmatización, que tienen como consecuencia la violación a derechos humanos y la obstaculización o anulación de su ejercicio; sin embargo, esta protección jurídica tendrá un efecto limitado sino está respaldada por todos los actores que componen una sociedad. Uno de los espacios claves para lograr un cambio en la actitud de la sociedad frente al VIH/SIDA, es precisamente, el entorno escolar, por ello los docentes son actores claves para lograr un cambio de percepción respecto de las personas que viven con VIH/SIDA.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que no hay justificación alguna, por razones de salud, ni argumento jurídico que respalde la actuación de algunas autoridades educativas frente a los alumnos que son portadores del VIH o que padecen SIDA, por ello considera de urgencia el que las autoridades educativas en el ámbito federal y local sumen esfuerzos para eliminar la discriminación de la que son objeto y, además, se sensibilice a los servidores públicos que conforman el sistema educativo nacional, respecto de las obligaciones y principios que deben observar para proteger los derechos de los menores que viven con VIH/SIDA.

La lucha contra la epidemia del VIH/SIDA requiere que el gobierno y la sociedad sumen esfuerzos para lograr una efectiva prevención y que se generen espacios adecuados para el respeto de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA; sin embargo, corresponde al gobierno mexicano dotar a la sociedad de las herramientas jurídicas y de la infraestructura necesaria para lograr estos objetivos. Esto implica que todos los sectores de la sociedad reciban información y formación sobre el VIH y el SIDA a través de programas de educación y campañas formativas mediante los medios de comunicación, las que por supuesto deben extenderse de manera prioritaria al ámbito escolar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene conocimiento de que la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales, a través de los secretarios de educación de cada entidad federativa, asumieron el compromiso de evitar cualquier medida de segregación y discriminación en las escuelas hacia los menores que son portadores de VIH o que padecen SIDA. Esto se realizó a través de un acuerdo que se adoptó en la XI Reunión de Titulares de Educación de los Estados con el secretario de Educación Pública, que se celebró en Nuevo Vallarta, Nayarit, el 4 y 5 de marzo del 2004. Al respecto, este Organismo Nacional considera que la protección de los derechos de los menores que viven con VIH/SIDA sólo puede garantizarse si las autoridades educativas basan su actuación en el amplio marco jurídico que comprende el derecho nacional e internacional, respecto de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en específico, de los menores portadores de VIH o que padecen SIDA. Además, la aplicación del marco normativo debe ir acompañada de programas educativos para prevenir la discriminación de las personas que padecen VIH/SIDA, así como de información respecto de la epidemia, que contribuya a eliminar los prejuicios sociales en torno a esta enfermedad. Sólo así podrá realizarse un cambio social que permita que la población esté informada respecto de la enfermedad y se pueda lograr una prevención efectiva.

El artículo 12 de la Ley General de Educación establece, en sus fracciones I, VI y XI, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

A las autoridades educativas locales corresponde de manera exclusiva, de acuerdo con el artículo 13, fracciones I, IV y VI, de la misma ley, prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la secretaría determine, y otorgar, negar y revocar autorización a particulares para impartir la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

A la Secretaría de Educación Pública federal le corresponde incluir en los planes y programas de estudio la información necesaria sobre el VIH/SIDA y sus formas de prevención, los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA y la estigmatización y discriminación que sufren quienes son portadores del VIH o que padecen SIDA por parte de la sociedad. Esto con la finalidad de eliminar la desinformación en torno a la epidemia y los prejuicios que rodean a las personas que la padecen y así lograr una efectiva lucha contra el VIH/SIDA.

En este sentido, de acuerdo con el artículo 28, inciso G, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinadas a fin de atender de manera especial las enfermedades endémicas, epidémicas, de transmisión sexual y del VIH/SIDA, impulsando programas de prevención e información sobre ellas. Asimismo, el artículo 50 de la misma ley establece que el gobierno federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo que se refiere a la capacitación y actualización de los educandos en los temas relativos al VIH/SIDA, las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, proveer lo necesario para realizarla.

C. Además de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a los que se ha hecho referencia en este documento, la comunidad internacional ha elaborado documentos declarativos, directrices y resoluciones en los que se han desarrollado de forma muy amplia los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA. De igual forma se han tratado temas como la discriminación y estigmatización, y se han establecido directrices para orientar la actuación de los estados en torno a la prevención. Se trata de documentos que si bien no constituyen normas de observancia obligatoria, sí constituyen el marco doctrinal y los principios de actuación que deben formar las acciones y políticas que los estados deben adoptar a fin de lograr la plena vigencia de los derechos humanos de quienes viven con VIH o padecen SIDA. Con la finalidad de proporcionar a las autoridades educativas ese marco doctrinal formulado por la comunidad internacional, en este apartado se hace referencia a los principales instrumentos sobre la materia:

1. Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el SIDA. Anunciada durante la XIII Reunión Plenaria de la Conferencia Internacional sobre las Implicaciones del SIDA en Madres y Niños, celebrada el 16 de mayo de 1990.

En ella se reconocen en términos específicos los derechos de las mujeres y niños que viven con VIH/SIDA, declarando que dada la necesidad urgente de promover y proteger la salud de las mujeres, los niños y las familias, la Conferencia Internacional sobre las Implicaciones del SIDA en madres y niños insta a todos los gobiernos; al Sistema de las Naciones Unidas, dentro del cual la Organización Mundial de la Salud tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar la lucha contra el SIDA; a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales; a la comunidad científica; a los profesionales sociales y de la salud y al público en general a respetar los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y los niños, incluyendo a quienes viven con VIH/SIDA, a fomentar el desarrollo y la implementación de programas de educación para la salud versátiles e innovadores que incluyan la prevención del VIH/SIDA. Asimismo, enfatiza la necesidad de prevenir la discriminación hacia la gente que vive con VIH/SIDA y aquellos que estén en riesgo, en todas las áreas de la vida y en todos los servicios públicos, incluyendo la escuela.

2. Declaración de Derechos y Humanidad sobre los Principios Fundamentales de los Derechos Humanos, la Ética y la Humanidad Aplicables en el Contexto del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Fue dada a conocer en 1992 como anexo al documento E/CN.4/1992/82 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce una serie de derechos y establece principios éticos y de humanidad para regir las políticas públicas y la conducta de las personas, organizaciones y autoridades que aborden el tema del VIH/SIDA. Reconoce a toda persona, entre otros, los derechos a la igualdad ante la ley sin discriminación, a la no injerencia arbitraria en la vida privada o de familia y a la educación.

Declara que la comunidad mundial ha llegado a reconocer un conjunto de principios éticos que permiten la adopción de decisiones justas y equitativas. En el contexto del VIH/SIDA son más importantes los que rigen la formulación de políticas públicas y la conducta profesional, en particular en la esfera de la atención médica y la labor social. Se refiere al respeto de los siguientes principios: de bienestar o beneficencia, de equidad y justicia distributiva, a la dignidad y autonomía individual.

En cuanto a los principios de humanidad declara que la consecución de una sociedad justa y humana requiere que todas las personas y organizaciones respeten los derechos y la dignidad humana y observen aquellos principios de humanidad que reflejan valores humanos universales compartidos por las culturas y religiones de todo el mundo. Se refiere a que la obligación de todas las personas, organizaciones y autoridades públicas y privadas de respetar los derechos y la dignidad de todos comprende la obligación de evitar el daño a los demás. Considera que el deber de compasión debe guiar la respuesta de los individuos, comunidades y sociedades en general al infortunio y sufrimiento de otros. Asimismo, señala que cada ser humano es singular y debe tener la oportunidad de desarrollar sus propias posibilidades y creatividad y de hacer una contribución singular a la sociedad. Considera que todos los seres humanos, estén o no en buena salud, requieren un medio ambiente protector y favorable. Los vulnerables necesitan protección, y los desfavorecidos pueden necesitar asistencia y apoyo. Todas las personas comparten con los gobiernos la responsabilidad común de satisfacer estas necesidades. Así, el deber de solidaridad requiere que todos cooperen en los esfuerzos por prevenir y aliviar los sufrimientos humanos y luchar contra la injusticia.

3. Carta de las Obligaciones de Respetar los Derechos Humanos y los Principios Éticos y Humanitarios al Abordar las Dimensiones Sanitarias, Sociales y Económicas del VIH y el SIDA. Fue dada a conocer en 1992 como anexo al documento E/CN.4/1992/82 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Establece que el respeto de los derechos humanos y la observancia de los principios éticos y humanitarios imponen obligaciones a los estados, organizaciones y particulares, a todos los niveles de la sociedad nacional e internacional. En el contexto del VIH y del SIDA, se imponen responsabilidades particulares a los estados, autoridades sanitarias y profesionales de la salud respecto de la adopción y aplicación de políticas apropiadas de salud pública.

Por lo que se refiere a la información y educación sobre la prevención del VIH, la Carta establece que el respeto de los derechos a la vida y al mayor grado posible de salud y del principio de no discriminación, exigen que los estados garanticen que todos los sectores de la sociedad reciban información y formación apropiadas sobre el VIH y el SIDA, y que se preste especial atención a llegar hasta las personas en lugares remotos y los integrantes de grupos desfavorecidos.

Señala que los encargados de la concepción y aplicación de los planes de estudios escolares deben procurar que se incluya en la enseñanza escolar educación sanitaria, incluso educación sobre la prevención del VIH y la no discriminación en el contexto del VIH y el SIDA. Las personas encargadas de elaborar las políticas y las involucradas en la enseñanza, deben asegurarse de que ésta no se base en prejuicios ni estereotipos sobre grupos particulares de individuos, ni los perpetúe.

Respecto de la protección de la privacidad señala que la comunicación de la identidad de las personas infectadas por el VIH puede producir estigmatización, discriminación y mucho sufrimiento personal, por ello los estados deben considerar los posibles beneficios de las políticas de vigilancia, detección y comunicación en relación con el riesgo de quebrantar la confidencialidad y los consiguientes efectos, potencialmente perjudiciales para los individuos y las comunidades interesados. Los estados tienen el deber de proteger el derecho a la vida privada y garantizar la protección de la ley contra la injerencia arbitraria en el goce de este derecho, que incluye la obligación de establecer las debidas salvaguardias para proteger la confidencialidad a todos lo niveles de vigilancia, detección y comunicación, y en los casos en que una ley o práctica nacional disponga la comunicación de los casos de SIDA, el respeto del derecho a la vida privada exige que los estados se aseguren que se proteja la identidad de las personas en la comunicación y compilación de datos.

Por lo que se refiere a las dimensiones sociales de la pandemia, establece que es preciso que los estados corrijan prejuicios y desigualdades subyacentes en sus sociedades, que agravan la propagación del VIH. Por ello, la obligación del Estado de proteger la salud y el bienestar públicos también exige medidas para reducir el estigma social y el prejuicio contra las personas, basados, por ejemplo, en la ocupación, el estilo de vida, el estado de salud o la orientación sexual.

El respeto del principio de no discriminación exige que las personas con VIH y SIDA no sufran discriminación en el disfrute de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, la obligación de los estados comprende la protección contra la discriminación por razón de infección con el VIH o SIDA y están obligados a derogar o modificar, según proceda, las leyes o prácticas que supongan discriminación contra las personas por estas razones, y evitar la introducción de nuevas leyes o políticas que sean discriminatorias. Los estados deben cuidar que las personas con VIH y SIDA no sufran discriminación en cuanto el acceso a los recursos de la sociedad, como educación, atención sanitaria y protección social.

Las personas con VIH o SIDA, las que padecen enfermedades o discapacidades tienen derecho a vivir su vida con toda la plenitud de que sean capaces, respetando los derechos de los demás. El aislamiento social y la denegación de la oportunidad de vivir una vida plena, no sólo violan los derechos de las personas afectadas, sino que niegan a la sociedad y a la humanidad en general el beneficio de su contribución singular y las posibilidades de su energía creadora.

4. Declaración de Compromiso de la ONU en la lucha contra el VIH/SIDA. Adoptada en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA el 25 de agosto de 1993.

Establece que la realización de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos es indispensable para reducir la vulnerabilidad al VIH/SIDA. Señala que para 2005, al tener en cuenta el contexto y el carácter de la epidemia, se deben prestar servicios de atención de la salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como una educación preventiva que promueva la igualdad de género.

Observa que el estigma, el silencio, la discriminación y la negación de la realidad, así como la falta de confidencialidad, socavan los esfuerzos de prevención, atención y tratamiento, e incrementan los efectos de la epidemia en las personas, las familias, las comunidades y las naciones y son aspectos a los que se debe hacer frente.

Señala, también, la necesidad de fortalecer estrategias, normas y programas que reconozcan la importancia de la familia para reducir la vulnerabilidad, entre otras cosas, educando y orientando a los niños, y que tengan en cuenta los factores religiosos, culturales y éticos a fin de reducir la vulnerabilidad de niños y jóvenes: mediante el acceso garantizado de niñas y niños a la enseñanza primaria y secundaria, con programas de estudios para adolescentes que incluyan el VIH/SIDA.

5. Resolución de la Subcomisión de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 25 de agosto de 1993 sobre Discriminación contra las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana(VIH) o con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Hace un llamamiento a todos los estados para que adopten las medidas necesarias, incluida la promulgación de legislación protectora y la enseñanza adecuada para combatir la discriminación, los prejuicios y la estigmatización, y que garanticen el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para las personas infectadas con el VIH o con SIDA, sus familiares y las personas asociadas con ellos, así como de las personas de quienes se presume corren riesgo de infección, prestando especial atención a las mujeres, niños y otros grupos vulnerables, a fin de impedir las acciones discriminatorias contra ellos o su estigmatización social y asegurar su acceso a los cuidados y apoyos necesarios.

6. Declaración Cumbre de París sobre el SIDA. Elaborada el 1º de diciembre de 1994 en una reunión de 42 gobiernos celebrada en la ciudad de París.

Esta declaración reconoce los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA y establece el compromiso de 42 gobiernos, incluido el de México, para luchar contra las condiciones sociales y económicas que favorecen la discriminación y la propagación del virus.

Los estados afirman su deber de compasión y solidaridad hacia las personas infectadas o que corren el riesgo de infección, dentro de sus sociedades y en la comunidad internacional, asimismo su determinación de velar porque todas las personas que viven con VIH/SIDA puedan ejercer plenamente y en total igualdad sus derechos y libertades fundamentales, sin distinción alguna; se comprometen también a proteger y promover mediante el entorno jurídico y social los derechos de las personas, en particular de las que viven con el VIH/SIDA o están más expuestas a la infección, y a asegurar que las personas que viven con VIH/SIDA gocen de igual protección ante a ley en lo que respecta al acceso a la atención sanitaria, al empleo, a la educación, a la libertad de circulación, a la vivienda y a la protección social.

7. Directrices internacionales. El VIH/SIDA y los Derechos Humanos. Acordadas durante la Segunda Consulta Internacional sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos, celebrada del 23 al 25 de septiembre de 1996 y organizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA (ONUSIDA).

Constituyen una guía para el diseño de políticas públicas en el ámbito nacional, y su seguimiento garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por el virus, con énfasis en los derechos que son más vulnerados; se basan en las normas internacionales de derechos humanos vigentes y en la experiencia en la determinación de las estrategias para hacer frente a la pandemia.

Las directrices se refieren a las actividades de los estados frente a las obligaciones que les imponen los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, pero no excluyen las obligaciones de otros sectores fundamentales como el sector privado. La primera directriz establece que los estados deben establecer un marco nacional efectivo para responder al VIH/SIDA, que permita un actuación coordinada, participativa, transparente y responsable de todas las instancias de gobierno en la aplicación de las políticas y programas sobre VIH/SIDA.

La quinta directriz establece que los estados deberán promulgar o robustecer las normas contra la discriminación en los sectores tanto públicos como privados a los grupos vulnerables, las personas con VIH/SIDA y los discapacitados, así como velar por el respeto de la vida privada, la confidencialidad y la ética en la investigación sobre seres humanos.

La octava directriz señala que en colaboración con la comunidad y por conducto de ella, los estados deberían fomentar un entorno protector y habilitante para las mujeres, los niños u otros grupos vulnerables, combatiendo los prejuicios y desigualdades causantes de esa vulnerabilidad, mediante el diálogo con la comunidad y en particular mediante servicios sociales, de salud y de apoyo a los grupos vulnerables.

La novena directriz establece que los estados deberán fomentar la difusión amplia y constante de programas creativos de educación, capacitación y comunicación, diseñados explícitamente para transformar las actitudes de discriminación y estigmatización en contra del VIH/SIDA en actitudes de comprensión y aceptación.

8. Observación General número 3 del 2003, El VIH/SIDA y los Derechos del Niño del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Los objetivos de la observación son profundizar en la definición y fortalecer la comprensión de los derechos humanos de los niños que viven en el entorno del VIH/SIDA; promover la observación de los derechos humanos del niño en el marco del VIH/SIDA garantizados con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño; determinar las medidas y las mejoras prácticas para que los estados hagan efectivos en mayor medida los derechos relacionados con la prevención del VIH/SIDA y el apoyo, la atención y protección de los niños infectados por esta pandemia o afectados por ella, y contribuir a la formulación y la promoción de los planes de acción, estrategias, leyes, políticas y programas orientados a los niños a fin de combatir la propagación y mitigar los efectos del VIH/SIDA en los planos nacional e internacional.

Por lo que se refiere a la educación establece que desempeña un papel fundamental para facilitar a los niños la información pertinente y apropiada respecto del VIH/SIDA que pueda contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión de la pandemia, así como impedir la manifestación de actitudes negativas respecto a las víctimas del VIH/SIDA. Asimismo, señala que la educación puede y debe habilitar a los niños para protegerse de los riesgos de contagio por el VIH. Por ello el Comité recuerda a los estados partes su obligación de velar porque todos los niños afectados por el VIH/SIDA tengan acceso a la educación primaria, ya se trate de niños infectados, huérfanos o en otra situación.

Por lo expuesto anteriormente, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos formula a ustedes, respetuosamente, señores gobernadores de las entidades federativas, jefe de gobierno del Distrito Federal y secretario de Educación Pública federal las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Giren sus instrucciones para que las autoridades educativas se abstengan de expulsar, de separar de sus estudios o impedir la inscripción a los alumnos que viven con VIH o que padecen SIDA, y establezcan los mecanismos para garantizarles el derecho a la educación.

SEGUNDA: Giren sus instrucciones para que las autoridades educativas guarden la confidencialidad respecto de la condición de salud de los menores portadores del VIH o que padecen SIDA, y les brinden los apoyos necesarios para que puedan continuar con sus estudios y participar en las actividades escolares en condiciones de igualdad.

TERCERA: Se implementen de manera urgente y en coordinación con las autoridades de salud, programas de capacitación e información sobre VIH/SIDA para los servidores públicos que conforman el sistema educativo, cuyo objetivo sea combatir la ignorancia y desinformación en torno a la enfermedad, para evitar prácticas discriminatorias y violatorias a los derechos humanos de los menores.

CUARTA: Se realicen campañas pedagógicas de información dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con el objeto de difundir el respeto a los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA, así como informar a los adolescentes, padres de familia y profesores sobre las formas de prevención del virus.

La presente recomendación de carácter general, de acuerdo con lo señalado por los artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 140 de su Reglamento Interno, fue aprobada por el Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional en su sesión ordinaria número 162 de fecha 14 de septiembre del 2004, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos, para que las autoridades competentes, dentro de sus atribuciones subsanen las irregularidades de que se trate.

Igualmente con el mismo fundamento jurídico, informo a ustedes que las recomendaciones generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias; sin embargo, se les pide que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente recomendación.

Atentamente

El Presidente de la Comisión Nacional

Rúbrica

 
     
   
   
 
 
Diseño: www.vanejimenez.com